El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que absolvió a los dos policías acusados por la muerte de Facundo Ferreyra generó un importante debate en el ámbito judicial. Por un lado, están quienes sostienen que la Justicia no estaría actuando con firmeza frente a los casos de excesos policiales. En la vereda de enfrente se encuentran aquellos que aseguran que los funcionarios judiciales dictan sentencias ajustadas a derecho y que las polémicas se alimentan por cuestiones ideológicas.
En los últimos seis años, en nuestra provincia se conocieron al menos una decena de fallos en causas en las que estuvieron involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El balance incluye absoluciones, condenas y resoluciones que fueron modificadas por tribunales superiores. También hay un expediente cuya investigación todavía continúa.
Lo único cierto es que se trata de causas complejas, cargadas de controversias y diferentes interpretaciones jurídicas que, independientemente de sus resultados, suelen tardar años en resolverse. Estos son algunos de los casos:
El emblemático caso Ferreyra
Ferreyra tenía 12 años cuando recibió un disparo mortal en la cabeza, el 8 de marzo de 2018, en la zona de El Bajo. El Ministerio Público Fiscal sostuvo desde un comienzo que se trató de un caso de gatillo fácil, mientras que los acusados aseguraron que habían respondido a disparos efectuados en su contra.
Los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca fueron acusados de homicidio. En octubre de 2021, ambos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló esa sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.
En septiembre de 2023, otro tribunal les impuso penas de 20 y 15 años de prisión, respectivamente, por homicidio simple con dolo eventual. La semana pasada, el máximo tribunal de la provincia absolvió a los dos policías y ordenó su inmediata libertad. Consideró que habían actuado en cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento armado. También dejó sin efecto la indemnización civil.
La familia del niño fallecido cuestionó la decisión y anunció, a través de su abogado querellante, Carlos Garmendia, que buscará llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A una Corte internacional
El 24 de diciembre de 2016, Miguel Reyes Pérez (26) recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial realizado en San Cayetano. Murió el 16 de enero de 2017. Los policías Mauro Navarro y Gerardo Andrés Figueroa fueron acusados de homicidio agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad. Los uniformados sostuvieron que habían perseguido a la víctima porque presuntamente había cometido un robo y que, durante el procedimiento, puso en riesgo sus vidas. En esas circunstancias, Navarro disparó con una escopeta cargada con postas de goma.
En diciembre de 2021, los efectivos fueron enjuiciados. El autor del disparo fue condenado a prisión perpetua, mientras que Figueroa fue absuelto. Sin embargo, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó la condena y absolvió a Navarro al considerar que había actuado en legítima defensa. Años después, el máximo tribunal de la Nación dejó firme esa resolución.
La organización Andhes, que intervino como querellante, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2025, después de que se agotaran las instancias judiciales en el país.
Una absolución firme
Ceferino Walter Nadal (43) murió el 24 de junio de 2020 durante un procedimiento policial realizado en Las Heras 67. Había sido señalado como sospechoso de un robo y fue perseguido por efectivos que terminaron reduciéndolo, boca abajo y esposado. El policía Christian Fernando Gómez fue acusado de haber apoyado una pierna sobre el cuello de Nadal, lo que le habría provocado una compresión que, según la acusación, causó su muerte. El caso llegó a juicio por homicidio culposo, pero en diciembre de 2025 el efectivo fue absuelto por el beneficio de la duda.
En septiembre de este año, la Corte confirmó la absolución. Consideró que las contradicciones entre las pericias médicas y los testimonios impedían demostrar que la maniobra policial hubiera provocado directamente el fallecimiento. Además, exhortó a las autoridades a reforzar los protocolos de reducción de personas y de realización de autopsias. Benito Allende, abogado que representó a la querella, no confirmó si llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la Justicia Federal
Este hecho tuvo una particularidad: la investigación fue realizada íntegramente por la Justicia provincial, pero el juicio se desarrolló en el fuero federal. El trabajador rural Luis Armando Espinoza (31) fue asesinado el 15 de mayo de 2020 durante un procedimiento policial realizado en el paraje El Melcho, en Simoca. En plena pandemia, un grupo de policías había llegado al lugar para dispersar una supuesta carrera de caballos. Durante el operativo, Espinoza recibió un disparo por la espalda. Su hermano Juan Antonio también fue golpeado y privado ilegalmente de su libertad.
Después del crimen, los efectivos trasladaron el cuerpo de la víctima hasta Catamarca y lo arrojaron a un barranco para ocultar lo sucedido. El cadáver fue encontrado siete días después. La investigación permitió reconstruir el homicidio y las maniobras de encubrimiento.
En marzo de 2023, la Justicia Federal condenó a prisión perpetua a cuatro policías: José Alberto Morales, Héctor Rubén Montenegro, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya. Otros cinco efectivos recibieron penas de entre cinco y 12 años de prisión, mientras que dos civiles fueron absueltos. En diciembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las cuatro condenas a prisión perpetua.